El éxito del carné por puntos radica en la capacidad de coacción con que se aplique; esa capacidad depende a su vez de la voluntad administrativa de aplicarlo y los recursos que se dediquen a imponer la ley. Recursos que implican, por ejemplo, controles rápidos de alcoholemia, más radares que demuestren gráficamente la infracción cometida -en las autovías y en las carreteras de dos direcciones- y un sistema de gestión de las sanciones que no se demore durante meses o años. Sobran indicios de que existe la ley, pero no la voluntad de aplicarla con convicción. No es de recibo que no se persiga y sancione a quien conduce motocicletas sin el casco puesto; o que no se endurezcan las condiciones para conceder motocicletas, dado el aumento de la cilindrada y potencia de los vehículos a dos ruedas. La responsabilidad de los automovilistas es sólo una parte de la solución a este problema crónico de las carreteras. Los ciudadanos aceptarán mejor los límites de la ley si comprueban que las administraciones se gastan el dinero en mejorar el cochambroso estado de las carreteras nacionales y el carril derecho de las autovías; que las autoescuelas enseñan a algo más que a manejar el volante y los pedales, y que la renovación de los carnés no es un circo de permisividad. Porque el tráfico en España, salvo la tragedia de los muertos y heridos, es muy poco serio en casi todos sus niveles.