Dicen que la justicia deja de ser justicia cuando se alarga en el tiempo. Algo muy habitual hoy en día, pero qué pasa cuando el poder legislativo se impone al poder judicial.
El mismo gobierno que habla de alargar penas, de imponer la prisión permanente revisable, acaba de dar un indulto a un kamikaze, que puso en riesgo la vida de muchos conductores y que produjo la muerte de uno de ellos y heridas a otros.
(El rrecorrido del kamikaze, según la Audiencia Provincial de Valencia, aparecido en El País 20.01.2013)
Esta es la historia:
Ramón Jorge Ríos Salgado, el conductor kamikaze, el día 1 de diciembre de 2003, con un Opel Magnum, circulaba por la A-7, comenzando por acosar al conductor de un Hyundai Lantra que estaba realizando un adelantamiento a la altura de Torrente-Calicanto. Le arroyó, continuó pegado a él, y le volvió a impactar hasta que este conductor se apartó y paró en el arcén.
El kamikaze, accedió al peaje de la AP7, cogió su tique y después de circular un tramo, se pasó al arcén derecho, hizo un giro de 180 grados y recorrió 5 kilómetros en sentido contrario. Nueve coches tuvieron que esquivarle hasta que produjo la tragedia.
La víctima fue José Alfredo Dolz, de 25 años. Un joven lleno de proyectos e ilusiones, que iba con su novia y que no pudo evitar el impacto cuando se lo encontró de frente.
El kamikaze, Ramón Jorge Ríos Salgado, fue condenado a 13 años de prisión por un delito de conducción grave, con desprecio para la vida de los demás. Pero de esa condena solo ha cumplido 10 meses. Se ha pasado desde el año 2003, litigando y aplazando su condena durante nueve años. Por fin el 2 de febrero de 2012 entro en la prisión de Alicante, tras ratificar su condena el Tribunal Supremo. Solo le quedaba recurrir al Tribunal Constitucional y pedir el indulto. Y lo hizo.
Cuando escuché la pasada semana las explicaciones, creo recordar de la vicepresidenta, sobre los motivos de la concesión de este indulto, tal como lo explicó, creí entender que este individuo llevaba en la cárcel nueve años, por esa condena de trece, y en relación con otras condenas, casi no me pareció extraña la concesión de indulto. Pero cuando he podido leer en la prensa la historia de este kamikaze, cómo se ha pasado 9 años dilatando esa condena, cómo, siempre según la prensa, el abogado que defendió a este kamikaze, Esteban Astarloa, es hermano del diputado del PP Ignacio Astarloa, que fue secretario de Justicia de 2000 a 2002, he comprendido que este kamikaze ni ha podido arrepentirse, ni rehabilitarse, y sí tener mucho padrino. Según la prensa, el bufete de abogados que defiende al kamikaze es el mismo en el que trabaja el hijo del ministro de justicia.
Parece ser que este indulto ha tenido en su contra a la Audiencia Provincial, la Fiscalía y por supuesto, las víctimas. Solo el centro de penitenciaría emitió informes favorables. No es la primera vez que instituciones penitenciarias interpreta la sentencia a su manera y pone en casa, con una pulserita de maltratador, en tres meses, a condenados por cuatro años.
Incluso el propio ministro de Justicia, Jorge Fernández Díaz decía, «tendremos que estar atentos a estas cuestiones». Y el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Gonzalo Moliner, decía » A mí no me acaba de gustar. Eso se lo digo tranquilamente».
Si a este caso, unimos el caso de Carromero, está claro que para este gobierno no existen los delincuentes viales.
Y la firma Opel, de la que Ramón Jorge Ríos Salgado parece ser es directivo, y apoyo siempre su defensa, tampoco sale aquí bien parada.
Mi solidaridad para con la familia Dolz, que después de nueve años, sigue sin encontrar justicia. Mejor dicho, un gobierno que respete y apoye a la justicia.
Flor Zapata Ruiz, madre de Helena, que murió por un conductor borracho.
Helena y nuestros amigos en los carnavales de Badajoz.
